La Ley de Segunda Oportunidad, llamada también comúnmente “mecanismo de segunda oportunidad”, permite que tanto particulares como autónomos empresarios puedan recuperarse de una situación económica muy adversa, pero sin hacer un borrado de las deudas.
La Ley de Segunda Oportunidad, se fija con el objeto de ayudar al autónomo o persona física individual a recomponer o perdonar parcialmente una deuda acaecida con anterioridad, permitiendo que haga frente al pago a los acreedores a los que debe dinero.
Esta Ley se regula mediante Real Decreto Ley 1/2015 que consta de 58 normas.
Ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas se mantienen en España, la Ley Concursal y La Ley de Segunda Oportunidad, a continuación, te detallamos brevemente en que consiste cada una de ellas.
¿Qué es la Ley Concursal?
La Ley Concursal se regula mediante la Ley 22/2003, ayuda a la persona a reestructurar las deudas para que pueda seguir con su actividad económica, sin perder su empresa y evitando el cierre o posibles despidos.
Además, se fijan posibles descuentos en Hacienda o la Seguridad Social.
¿Qué permite la Ley de Segunda Oportunidad?
Permite a la persona o autónomo deudor sanear el patrimonio y una vez que pueda mantener una estabilidad deberá pagar a sus acreedores las respectivas deudas.
Desde julio de 2019, en el que salió una sentencia del Tribunal Supremo, los deudores pueden beneficiarse de los derechos de acogerse a esa Ley y tener una exoneración de hasta el 70% aplicada a la Seguridad Social y a Hacienda.
Pueden además fraccionar la cuantía restante durante un periodo que se puede extender hasta 5 años consecutivos.
Si la persona decide acogerse a la Ley de SEGUNDA Oportunidad, se debe desprender de su patrimonio, produciéndose a su vez un embargo de los bienes a su nombre.
En el caso de acuerdo extrajudicial para realizar los pagos, el deudor tiene plazo de 5 años para realizar el pago de la deuda.
Para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad, se requiere de un compromiso por parte del deudor. Tal y como se fija en la información que se indica en la Ley 25/2015.
Asimismo, la persona interesada en acogerse a esta Ley debe actuar de buena fe y ser transparente.
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